Economía

La Agencia Tributaria recibe 9.800 peticiones en las primeras horas de solicitud del cheque de 200 euros

Por Redacción

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha avanzado este viernes que se han recibido 9.800 peticiones en las primeras horas de solicitud del cheque de 200 euros para las personas que tuvieron unos ingresos inferiores a los 14.000 euros en 2021. Un 25% de esas solicitudes, 2.500, han sido en Andalucía.

En una atención a medios en Cádiz durante su visita a la Zona Franca para la primera piedra de una incubadora de empresas, Montero ha dado cuenta de estos datos al tiempo que ha recordado que la previsión con que trabaja el Gobierno respecto a la repercusión de demandantes de esta iniciativa es «llegar a 2,7 millones de personas».

«Se ha puesto en marcha esta mañana, la solicitud se puede descargar en la Agencia Tributaria», ha proseguido explicando la ministra, quien ha subrayado que la medida se suma a otras iniciativas previstas por el Gobierno en el real Decreto-ley de aplicación, entre las que ha enumerado «la paralización del incremento de los precios del alquiler, que no haya desahucios, la ampliación del bono social, el incremento del 15% del Ingreso Mínimo Vital o de las pensiones no contributivas».

«Son un elenco de medidas para proteger a quienes peor lo pasan, los más vulnerables», ha argumentado Montero.

Sobre el contexto económico La titular de Hacienda ha defendido que España está experimentando un crecimiento económico que, a pensar de las amenazas de la economía, «sigue siendo muy robusto, por encima del 4%». «Ojalá seamos capaces de transitar la segunda parte del año con menor inflación de la que hemos experimentado en estos meses», ha señalado.

540 MILLONES PARA LA AYUDA DE 200 EUROS, CON UN PAGO ÚNICO

El Gobierno prevé destinar 540 millones a la ayuda de 200 euros, que consistirá en un pago único.

La solicitud se deberá presentar en la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria rellenando un formulario electrónico antes del 30 de septiembre de 2022, en el que, necesariamente, deberá figurar la cuenta bancaria en la que se desee que se realice el abono.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación del formulario sin haberse efectuado el pago, la solicitud podrá entenderse desestimada. Contra esta desestimación presunta se podrá interponer recurso de reposición y reclamación económico-administrativa.

Para recibir esa ayuda, los beneficiarios deben residir en hogares en los que la suma de las rentas que perciban los convivientes sea inferior a 14.000 euros en 2021 y cuyo patrimonio descontando la vivienda habitual no supere los 43.196,40 euros.

El cómputo de ingresos y de patrimonio se efectuará de manera conjunta, considerando todas las personas que residan con el beneficiario en un mismo domicilio a fecha 1 de enero de 2022 «y estén unidos entre sí por matrimonio o análoga relación de afectividad a la conyugal con al menos dos años de antelación o por parentesco, hasta el tercer grado, incluido los afines, con cualquiera de los anteriores, así como otras personas con las que cualquiera de los anteriores conviva en virtud de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente».

Los beneficiarios deben tener residencia legal y efectiva en España en la fecha de entrada en vigor de real decreto-ley, desde el 27 de junio, y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año inmediatamente anterior.

INCOMPATIBILIDADES

Se excluye de esta ayuda a quienes ya cobren el Ingreso Mínimo Vital o reciban pensiones del Régimen General y los Regímenes especiales de la Seguridad Social o por el Régimen de Clases Pasivas del Estado.

Para estos colectivos, el Real Decreto-ley contempla ya medidas concretas como la prórroga del incremento del 15% del Ingreso Mínimo Vital o de las pensiones no contributivas, que implica incrementos anuales superiores a los 200 euros. Y, en el caso de las pensiones contributivas, el Gobierno garantiza el incremento en línea con la inflación para garantizar que no existe una merma del poder adquisitivo.

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