Internacional

Emitida en Túnez una orden de arresto contra el ex primer ministro Alí Larayed

Por Redacción

Un juez de Túnez ha emitido una orden de arresto contra el ex primer ministro Alí Larayed, alto cargo del partido islamista Ennahda, en el marco de un caso por el supuesto envío de yihadistas a Siria.

La decisión ha sido adoptada después de que Larayed, quien fue ministro del Interior entre diciembre de 2011 y marzo de 2013, compareciera ante un juez de instrucción que lleva el caso, según ha recogido el portal tunecino de noticias Kapitalis.

Larayed, quien fue primer ministro entre marzo de 2013 y enero de 2014, ya compareció en varias vistas en septiembre, cuando llegó a ser detenido en el marco del caso. El político, vicepresidente de Ennahda, rechaza las acusaciones contra él.

El propio Larayed tildó tras su liberación de «puramente político» el proceso judicial abierto contra y denunció una «política de acoso» contra la formación. En el marco de las investigaciones también ha sido interrogado el presidente del Parlamento disuelto y líder del partido islamista, Rachid Ghanuchi.

Así, sostuvo que entre 2012 y 2014 se atravesó «el pico de las revoluciones de la ‘Primavera Árabe’ y agregó que «aprovechando este caos, jóvenes tunecinos viajaron a destinos desconocidos por múltiples razones, incluidos estudios, turismo y búsqueda de empleo».

En este sentido, apuntó a la existencia en esa época de «una deriva sin precedentes a nivel de seguridad», si bien negó que las autoridades tunecinas tuvieran entonces documentos que demostraran que estas personas viajaban a zonas en conflicto, incluida Siria.

Ennahda, fuerza dominante en el Parlamento suspendido en julio de 2021 por el presidente, Kais Saied, se ha mostrado muy crítico con el mandatario por las medidas excepcionales anunciadas desde dicha fecha, cuando se arrogó todas las competencias al disolver también el Gobierno.

El país celebró el sábado unas legislativas marcadas por una participación en mínimos históricos –por debajo del nueve por ciento– tras el boicot de la oposición, que también llamó a la no participación en el referéndum constitucional de julio, que da más poderes a la Presidencia y arrebata influencia al Parlamento.

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