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El ‘rent a car’ facturará hasta 1.600 millones en 2022 y recuperará el nivel preCovid en 2023

Por Redacción

El sector de alquiler de vehículos cerrará el ejercicio actual con volumen de negocio de entre 1.500 y 1.600 millones de euros, lo que supondrá un incremento de cerca del 80% en comparación con las cifras con las que finalizó 2021, y alcanzará los 121.000 vehículos matriculados, según anunció el presidente de la Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin conductor (Feneval), Juan Luis Barahona, que estima volver a niveles prepandemia en 2023.

En el encuentro anual de la organización, el directivo indicó que estas cifras, que representan una mejora de las previsiones en comparación con los 1.400 millones que estimaba facturar a principios de este ejercicio, se lograrán en un entorno marcado por la falta de coches por la crisis de los microchips y los problemas de producción.

Barahona explicó que el sector de ‘rent a car’ se enfrentó en 2022 a un año afectado por el incremento de los precios y por la escasez de vehículos para renovar las flotas, lo que motivó que las compañías de alquiler tuvieran que recurrir a fórmulas como la importación de vehículos y a los modelos de ocasión.

«El sector del ‘rent a car’ forma una simbiosis con los diferentes actores y administraciones, está en buenas condiciones de salud», señaló el presidente de Feneval, que resaltó la labor de organizaciones como la Dirección General de Tráfico (DGT), así como de otros actores como Aena.

De cara al año que viene, Barahona confió en que el sector de alquiler de vehículos vuelva a recuperar los niveles de ingresos de antes de la pandemia, que motivó una caída de la facturación de las empresas de ‘rent a car’ de hasta el 90%. Así, con motivo de la escasez de flota de vehículos derivada de la crisis de los microchips, subrayó la necesidad de que las marcas de automóviles mantengan el 20% del total de las ventas de vehículos nuevos al ‘rent a car’.

«El sector necesita poder seguir dando servicio a nuestros clientes. Hemos pasado de contar con más de 800.000 vehículos en circulación en la temporada alta en 2019 a unos 600.000 el pasado verano. Para abastecernos de flota tuvimos que multiplicar las conversaciones con los fabricantes para tener visibilidad sobre los plazos de entrega, renegociar los contratos de ‘buy back’ para tener los vehículos hasta diez meses o más, además de retrasar el ‘defleeting’, asumiendo el coste financiero que supone, e incluso en algunos casos, hemos tenido que importar coches», apuntó.

SATISFACCIÓN CON LA LEY DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

Por otro lado, mostró su satisfacción por la definición de la movilidad como un «derecho social de toda la ciudadanía» en el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que se aprobó el pasado martes en el Consejo de Ministros, y que era una de las demandas por parte del sector de alquiler de vehículos.

En esta línea, el directivo abogó por que se reconozca «de manera explícita» en la normativa la obligación legal de dar un coche de sustitución al ciudadano de similares características al suyo cuando este sufra un accidente o un golpe.

«La aplicación efectiva de esta medida ya está establecida en la vigente regulación, en concreto en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y de forma reiterada por distintas sentencias judiciales, pero parece necesario que se reconozca literalmente en la ley, para que este derecho se vea aplicado realmente por las aseguradoras», expuso Barahona.

Además, se mostró a favor de que, entre la multimodalidad de movilidad que existe en la actualidad, sea el ciudadano el que elija la forma de transporte que más le convenga, «sin importar el apellido», en función del recorrido que vaya a realizar.

Por otra parte, retomó la solicitud histórica de que el sector del alquiler de vehículos, al igual que el resto de la movilidad compartida, tribute al 10% de IVA, puesto que, en su opinión, un el impuesto al 21% «contraviene el espíritu de la ley de incentivar los servicios de movilidad como alternativa al vehículo motorizado privado».

Además, criticó las leyes de cambio climático regionales, especialmente la de Valencia, que, en su opinión, es un «copia pega» de la de Baleares e impone unas cuotas obligatorias de vehículos con etiqueta ‘Cero’ a las firmas del sector, así como un nuevo impuesto a las emisiones de los vehículos, «sin haberse llevado a cabo ningún estudio que justifique cómo esa medida contribuye a la sostenibilidad medioambiental».

Así, el presidente de la organización recordó que los vehículos de alquiler tienen una de las flotas menos contaminantes, pues emiten de media unos 13 gramos menos de dióxido de carbono (CO2) por kilómetro recorrido en comparación a la media del resto de vehículos circulando por las carreteras españolas.

«Es innegable el esfuerzo de la industria del automóvil para conseguir una movilidad sostenible, pero es necesario un impulso en el desarrollo de una red de infraestructura de recarga óptima pues, debo recordar que, según el Barómetro de Electromovilidad de Anfac, España se encuentra aún muy por debajo de la media europea, en el tercer lugar por la cola», finalizó.

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