Anticorrupción rebaja su petición de cárcel para Villarejo y la deja en torno a 80 años

Por Redacción

La Fiscalía Anticorrupción ha rebajado más de 20 años la pena de cárcel que pedía inicialmente para el comisario jubilado José Manuel Villarejo en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional desde el pasado mes de octubre por las piezas ‘Iron, ‘Land’ y Pintor’, que pasa de 109 años a 83, según los escritos de conclusiones definitivas a los que ha tenido acceso Europa Press.

En la sesión de este martes, el fiscal anticorrupción César de Rivas ha explicado las modificaciones realizadas en las conclusiones provisionales respecto a Villarejo y otros de los principales acusados en este primer juicio por los negocios privados del ahora policía retirado, fijando así la acusación definitiva del Ministerio Público, que ha quedado plasmada en sendos escritos.

A Villarejo le han suprimido los delitos de cohecho activo, tráfico de influencias, algunos de descubrimiento y revelación de secretos y uno de extorsión en grado de tentativa, por lo que la acusación fiscal ha pasado de 109 años y 10 meses a 83 años y medio.

Por piezas, en ‘Iron’, donde se juzga el presunto encargo que el despacho especializado en propiedad intelectual Herrero&Asociados habría hecho al grupo empresarial de Villarejo, CENYT, para que investigara a Balder, ante la sospecha por parte del primer bufete de que el segundo había robado su base de datos, Anticorrupción ha cambiado los 57 años iniciales por 44.

En ‘Land’, la Fiscalía ha modificado de 38 años de cárcel a 34, por la investigación que el comisario habría dirigido contra Yolanda García Cereceda, su entonces pareja Jaime Ostos hijo y el arquitecto Joaquín Torres, entre otros, por mandato de Susana García Cereceda debido al conflicto familiar y empresarial desatado tras la muerte de Luis García Cereceda, el otrora dueño de la compañía promotora de la urbanización de lujo ‘La Finca’ (Madrid).

Por último, en ‘Pintor’, el Ministerio Público solicitaba 14 años de prisión para Villarejo por el trabajo que le habrían encomendado los hermanos Juan y Fernando Muñoz Támara para investigar al empresario Mateo Martín Navarro y a su abogado, el ex juez Francisco Javier Urquía, para resolver la disputa por una deuda fiscal. Aquí la acusación se ha reducido a 5 años y 6 meses debido al perdón que Urquía ha concedido a todos los acusados en esta pieza separada.

LA MUJER DE VILLAREJO, LA MÁS BENEFICIADA

Anticorrupción también ha reducido las condenas reclamadas para el círculo cercano del comisario, esto es, su socio Rafael Redondo, su mujer Gema Alcalá y su hijo José Manuel Villarejo Gil.

En el caso de Redondo, el Ministerio Fiscal ha sustituido su solicitud original de 102 años de prisión por una de 70 años y 6 meses al eliminar su acusación por cohecho activo, tráfico de influencias y algunos delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

No obstante, la rebaja más sustancial es para la mujer del comisario, a la que Anticorrupción ha retirado todos los delitos excepto los de cooperadora necesaria del presunto delito de cohecho pasivo de su marido, con lo que ha pasado de 83 años y 6 meses de prisión a tan solo cinco años.

Destaca asimismo la variación experimentada por el hijo de Villarejo, para quien los fiscales De Rivas y Miguel Serrano interesaban una condena de 14 años que ahora han limitado a un año, al tener en cuenta el perdón de Urquía en ‘Pintor’, la única pieza por la que el vástago del comisario está siendo juzgado.

En cuanto al conjunto de trabajadores y presuntos colaboradores de CENYT, Anticorrupción ha desistido asimismo de las acusaciones por cohecho activo, tráfico de influencias y algunos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, de modo que pide ahora 22 años y medio de cárcel para el ex policía Constancio Riaño, 18 años para el también ex policía Antonio Bonilla y 9 años y medio para el abogado David Macías.

RETIRADA COMPLETA

Además, los fiscales han retirado completamente su acusación contra el policía Javier Fernández y el funcionario de Hacienda jubilado Antonio Chaparro al considerar que, si bien «ha quedado totalmente acreditado» que las claves personales de ambos se usaron para acceder a datos reservados que después comercializaría CENYT, no se ha podido probar que participaran de ello. En consecuencia, se esfuman las peticiones iniciales de 25 años y 4 años y medio, respectivamente.

Algunos de los acusados que llegaron a acuerdos de conformidad con el Ministerio Fiscal antes del arranque del juicio también se han beneficiado de las reducciones de pena efectuadas por la Fiscalía para contabilizar los perdones de Urquía en ‘Pintor’ y de Ostos y el dueño de la agencia de detectives Método 3, Francisco Marco, en ‘Land’.

De este grupo de acusados cabe resaltar el caso de los hermanos Muñoz Támara, cuya acusación ha variado desde un planteamiento provisional de 8 años de cárcel a un acuerdo de conformidad de 14 meses para llegar a una petición definitiva de tres meses de prisión y el pago de una multa.

En la misma línea, la acusación formulada por el Ministerio Público contra Susana García Cereceda se ha minorado desde los 16 años y 10 meses iniciales, que ya fueron transformados en conformidad, a un año y medio de prisión.

A modo de cierre, De Rivas ha indicado en su exposición que también se han «modulado» las cantidades de dinero que se exigían en concepto de daños morales para ajustarlas a la «cambiante» jurisprudencia en este ámbito.

Con todo, Anticorrupción ha cambiado su acusación inicial respecto a la inmensa mayoría de los encausados, dejando a un lado al ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño, para quien el juicio se suspendió tras sufrir un ictus el pasado 1 de mayo.

RECTA FINAL

Con la presentación de las conclusiones definitivas, este primer juicio por ‘Tándem’ entra ya en su recta final, después de ocho meses que se alargarán al menos hasta septiembre para que acusaciones y defensas expongan sus informes y que los acusados hagan uso, si así lo desean, de su derecho a la última palabra.

‘Iron’, ‘Land’ y ‘Pintor’ son las primeras piezas de ‘Tándem’ que llegan a juicio de las más de treinta que componen una macrocausa vertebrada por el presunto uso que Villarejo habría hecho de los medios policiales que tenía a su alcance para utilizarlos en las investigaciones privadas que hacía para sus clientes, desde grandes empresas del IBEX 35 a particulares.

La línea de defensa de Villarejo ha sido afirmar que era un agente de Inteligencia al servicio de CNI y Policía Nacional que usó CENYT en beneficio del Estado. Sin embargo, el fiscal Serrano ha venido advirtiendo a lo largo del juicio de que, aunque el comisario fuera efectivamente un espía, lo «intolerable» es que se llenara los bolsillos con ello.

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